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Lesiones, robo, amenazas, abuso sexual y narcomenudeo fueron los delitos más frecuentes cometidos por adolescentes y por los que se abrieron 33 mil 975 carpetas de investigación durante 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En su reporte Estadísticas sobre adolescentes en conflicto con la ley, destaca que en el curso de ese año mil 508 adolescentes ingresaron a los centros de internamiento estatales del país y, de esas personas, nueve de cada 10 fueron hombres.TE PUEDE INTERESAR: Acusan a padre e hijo de traficar más de 300 armas y municiones de EU a MéxicoEl Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua concentraron a 54.4% de los adolescentes que ingresaron a centros de internamiento del país.En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define como adolescente a toda persona que tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.Destaca que de la totalidad de ilícitos cometidos por los adolescentes en 2023 las lesiones representaron 24.8%; el robo, 15.2%; amenazas, 9.4%; abuso sexual, 9%, y narcomenudeo, 8.4%.“Eso nos habla del proceso de descomposición que vive el país. Algo que nos tendría que alarmar es la falta de oportunidades que tienen los adolescentes en ese sentido. El gobierno federal va a decir que les está otorgando becas a todas las personas de ese rango de edad”.“Y sí, efectivamente, todos los que están en la escuela tienen la posibilidad de pedir una beca, pero el problema no tiene que ver con dinero, sino con soluciones estructurales”, comenta Jesús Villalobos, quien dirige la organización civil Utopía, dedicada a trabajar con menores de edad de escasos recursos.El activista señala que los adolescentes ya no sólo se dedican a los robos menores como un medio para subsistir, sino que cada vez más se enrolan en delitos más graves al sucumbir al crimen organizado.“Ahora cada vez más están involucrados en esos malditos hechos, pero no olvidemos el tema del reclutamiento, que es también la desaparición forzada. Los mismos datos que tenemos ahora con respecto a que la mayoría de las personas que se dedican a esos delitos son hombres”, menciona.Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el primer año de gobierno de la actual administración federal 2 mil 379 adolescentes de entre 12 y 17 años de edad se encuentran desaparecidos y no localizados. La mayor parte de esas desapariciones se han registrado en Sonora, Durango y Tamaulipas.De acuerdo con la Ley de Justicia Penal para Adolescentes, la privación de la libertad de adolescentes, es una medida de último recurso que sólo se puede aplicar en delitos graves, como secuestro, trata, terrorismo, extorsión agravada, algunos delitos contra la salud, homicidio doloso, violación sexual, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida y robo con violencia.Villalobos expone que el Estado mexicano debe reflexionar en torno hacia dónde no sólo destina los recursos, sino también esfuerzos, porque argumenta que esa política pública está resultando equivocada.“Tendrían que estar generando no solamente alternativas para la adolescencia en cuanto a educación, sino también en cuanto a cultura, deporte... No hay oportunidades reales de que ellos ejerzan sus derechos culturales. Estoy completamente convencido de que si queremos resolver la problemática en la que nos hemos metido de violencia necesariamente tenemos que trabajar en esa dirección”, agregó.Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, destaca que los adolescentes en conflicto con la ley no surgen de la noche a la mañana, y advierte que tienen un doble rol, porque también son víctimas de violaciones a sus derechos humanos que dan el contexto para que infrinjan la ley.”La mayor parte de los adolescentes que se ven vinculados o están en conflicto con la ley lo hacen generalmente porque tienen contextos familiares complicados”, dice.Subraya que detrás de muchos de los adolescentes en conflicto con la ley existen trayectorias carcelarias, de consumo de sustancias prohibidas, alcohol u otras drogas o se encuentran siendo víctimas de muchas formas de violencia.Anualmente, en promedio, entre 30 mil y 35 mil adolescentes son imputados por el Estado mexicano. “Existe un principio de 2016 en el que se priorizan las medidas socioeducativas para evitar que los adolescentes se incorporen a la cultura carcelaria, y prioriza que sólo por delitos de alto impacto queden en tratamiento bajo internación y en promedio debe ser de tres a cinco años”, explica.Indica que “lamentablemente lo que tenemos en todos los gobiernos, y se ha profundizado en el sexenio anterior y en el actual, es que se ha creado una narrativa de que entregando becas se reduce la vinculación a delitos, y esto es un presupuesto, además de falso, equivocado, porque hay muchos otros factores que están asociados”.El coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe explica que lo que se requiere en estos momentos son “espacios de contención, que los adolescentes estén en las escuelas, que además de su familia tengan otras redes de socialización positivas, espacios deportivos, espacios culturales, centros religiosos, áreas musicales, cualquier otra actividad que les permita tener personas adultas positivas que puedan ser contención”.Puntualizó que la “pérdida de la capacidad institucional y el incremento de la violencia armada y de la cultura criminal y de lo ilegal van normalizando los hechos ilícitos y aquellos adolescentes y jóvenes que están en condiciones de riesgo estarán en esta frontera entre la legalidad y la ilegalidad”.

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