vanguardia - 1 days ago

Antonio Mauricio ¨N¨, quien estuvo acusado por el delito de violencia familiar, en Saltillo, obtuvo la libertad bajo una serie de condiciones impuestas por la autoridad judicial. El hombre enfrentó un proceso en el que se determinaron medidas específicas que deberá cumplir de manera obligatoria para evitar su reclusión, luego de que se acreditara su responsabilidad en los hechos denunciados.Fue obligado a pagar una reparación del daño de mil 500 pesos a la víctima, Miriam Guadalupe ¨N¨, cantidad que deberá cubrir en su totalidad como parte de la sanción establecida. Esta medida busca compensar los perjuicios ocasionados durante el conflicto que dio origen a la denuncia, además de representar un compromiso legal ante las autoridades.TE PUEDE INTERESAR: ¿Saldrás a pedir dulces o de fiesta en Halloween? Cuál será el clima en Saltillo y MonterreyAsimismo, se le ordenó no frecuentar a la víctima, no involucrarse en actos de violencia y someterse a tratamientos psicológicos, así como participar en programas contra las adicciones. Estas disposiciones tienen como propósito evitar la reincidencia y garantizar que el acusado reciba atención profesional para modificar su comportamiento y prevenir nuevos incidentes.El agresor también está obligado a mantener convivencia con sus hijos, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente, y a proporcionar su ubicación actual, de modo que pueda ser localizado de inmediato para cualquier audiencia o citación relacionada con el caso. El cumplimiento de estas medidas será supervisado de manera constante.En caso de incumplir con alguno de los acuerdos establecidos, Antonio Mauricio ¨N¨ será recluido en el penal, según lo dispuesto por el juez durante la audiencia. Con ello se busca asegurar el respeto a las condiciones dictadas y la protección de la víctima.El probable responsable había sido denunciado por su pareja en el mes de mayo del presente año, luego de registrarse los hechos que motivaron la intervención de las autoridades. La investigación fue llevada a cabo por el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia encargada de integrar las pruebas necesarias y dar seguimiento al proceso judicial.

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